Valparaíso, miércoles 28 de enero de 2026. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en particular, por 122 votos, el Proyecto de Ley que modifica la Ley 21.040 para fortalecer la implementación del sistema de educación pública, iniciativa que busca mejorar la instalación, funcionamiento y gobernanza del Sistema de Educación Pública y de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).  

Durante la sesión en Sala, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, destacó que esta iniciativa “responde a las necesidades urgentes manifestadas por las propias comunidades educativas a lo largo del país y representa la síntesis de un trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Congreso Nacional, uniendo voluntades para responder a los desafíos de Estado”. 

El secretario de Estado subrayó la importancia de la puesta en marcha de la reforma a la Ley Nº 21.040, “esta ley establece un conjunto de soluciones concretas, articuladas y de carácter urgente que consolidan una reforma cuyo propósito es romper la cadena de fallas sistémicas que hemos observado”, a lo que complementó “vamos a contar con un cuerpo normativo general creado ad hoc para enfrentar estos desafíos”.  

Asimismo, el ministro Cataldo recalcó la importancia de la Nueva Educación Pública dentro de la agenda legislativa y su carácter estructural para el sistema. “Somos muy conscientes de dos cosas que creo que son relevantes: la primera es que el sistema de educación pública no se puede detener, y la segunda es que requiere mejoramientos y cambios para que sea mucho mejor como proceso de transición y luego en régimen”, enfatizó.  

La iniciativa, que ahora será revisada por el Tribunal Constitucional antes de ser promulgada y publicada en el Diario Oficial, introduce un conjunto de transformaciones que apuntan a fortalecer el proceso de implementación de los Servicios Locales de Educación Pública. En primer lugar, se robustecen los mecanismos que resguardan el proceso de traspaso desde los municipios hacia los SLEP, estableciendo la obligatoriedad del plan de transición —instrumento clave para el saneamiento municipal y la gestión de dotaciones—, así como nuevos plazos y sanciones para procesos críticos. A esto se suma la ampliación del plazo de traspaso de uno a dos años desde la creación de cada Servicio Local, lo que permite una instalación más ordenada y acorde a las realidades territoriales.  

Al mismo tiempo, la iniciativa impulsa una reducción significativa de trámites que entorpecían el funcionamiento cotidiano de los SLEP. Se ajustan procedimientos internos, se adecuan plazos y se simplifican requisitos con el fin de agilizar la gestión administrativa y pedagógica. En este marco, se establece también la creación obligatoria de oficinas locales en aquellos territorios donde la conectividad, las distancias o los tiempos de traslado lo hacen necesario, fortaleciendo así la presencia del sostenedor en el territorio y respondiendo a una demanda sentida de las comunidades educativas.  

Entre los avances más relevantes se incluye la incorporación de herramientas destinadas a prevenir situaciones de crisis durante el funcionamiento de los Servicios Locales. Para ello, se amplía la responsabilidad administrativa de los directores ejecutivos y se otorgan nuevas atribuciones a la Dirección de Educación Pública, permitiéndole acompañar de mejor manera a los SLEP, anticipar riesgos y asegurar la continuidad del servicio educativo. Estas medidas buscan evitar discontinuidades en el funcionamiento del sistema y garantizar que la educación pública se mantenga estable y protegida frente a contingencias 

En materia de participación, el proyecto fortalece el rol de los Consejos Locales al dotarlos de nuevas facultades estratégicas y asegurar las condiciones necesarias para su correcto funcionamiento. Con ello, se busca promover una relación más estrecha entre los Servicios Locales y las comunidades educativas, fomentando espacios de diálogo, corresponsabilidad y toma de decisiones informada.

Otro de los avances sustantivos se relaciona con el financiamiento. El proyecto propone un nuevo modelo para los jardines infantiles Vía Transferencia de Fondos (VTF) administrados por los SLEP, que desde 2028 comenzarán a transitar gradualmente hacia un financiamiento distinto al proveniente de Junji. Este cambio permitirá una administración más ágil y transparente de los recursos. Junto con ello, se crea por ley un Fondo de Infraestructura para la Educación Pública con recursos incrementales hasta 2030, orientado exclusivamente a establecimientos dependientes de los SLEP y destinado a optimizar, asegurar y focalizar las inversiones en infraestructura educativa.  

Finalmente, la iniciativa introduce mejoras laborales para diversos actores del sistema, incorporando una bonificación de zona para asistentes de la educación, un mecanismo de traslado interno para docentes e instancias de participación que incluyen a representantes de la educación parvularia. Además, fortalece la gobernanza del sistema mediante la reconfiguración de la Mesa Ejecutiva de Coordinación Regional y la creación de un Comité de Ministros para apoyar de manera intersectorial a los Servicios Locales, precisando también el rol de las SEREMI y de los Departamentos Provinciales de Educación. En conjunto, estas medidas buscan consolidar un sistema más coherente, articulado y preparado para responder a las necesidades de los territorios.  

Titularidad Docente: una ley permanente que entrega certeza y estabilidad 

Dentro de los avances más relevantes aprobados en esta última etapa legislativa se encuentra la titularidad docente, una medida largamente demandada por el profesorado y que, según destacó el propio ministro Cataldo, representa un cambio estructural para la estabilidad laboral en el sector. 

El ministro señaló que “hoy día nos dotamos de una ley permanente. Ya no es algo que va a tener que legislarse cada cierto tiempo, sino que vamos a contar con una herramienta clara, precisa y cierta para poder abordar esto”, resaltando la importancia del amplio acuerdo político que hizo posible este avance.  

Esta nueva ley permitirá reconocer de manera estable la trayectoria de docentes que han cumplido funciones prolongadas, eliminando la dependencia de renovaciones periódicas y fortaleciendo la planificación y continuidad en los establecimientos del Sistema de Educación Pública. Su aprobación se suma al conjunto de medidas que apuntan a consolidar un sistema más robusto, justo y coherente con las necesidades de las comunidades educativas.